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De la extracción a la regeneración: hacia transiciones justas para las personas y el planeta YLNM Documento de posición, 2025 Resumen: qué significa una transición justa para YLNM

Una transición justa no consiste en sustituir los combustibles fósiles por minerales para la transición. Se trata de transformar el sistema que ha hecho que la extracción parezca inevitable. 

Para Sí a la Vida No a la Minería, una transición verdaderamente justa debe ser popular e inclusiva. Debe basarse en el derecho a decir no y en el derecho a elegir otras formas de vida no extractivas. Para que la transición sea justa se debe centrar en la soberanía indígena, la autodeterminación comunitaria y los derechos de la naturaleza. Esto incluye la promoción de alternativas a la minería y al extractivismo, así como el impulso de nuevos paradigmas de justicia global que restablezcan el equilibrio entre los pueblos y la Tierra. Porque no podemos resolver la crisis climática  con más minería, pero sí podemos construir otros futuros post-extractivos que sustenten la vida con dignidad para todas las personas y los derechos inherentes de la Naturaleza a existir, prosperar y regenerarse en todas partes.

CONTENTS

1. Introducción

2. Los discursos sobre la transición verde: una falsa dicotomía

– La apropiación del mercado de la acción climática por parte de la industria minera
– Los «minerales de transición» no son lo mismo que los «minerales críticos»

3. Sí a la vida: Sí a las transformaciones basadas en la justicia y el cuidado

– ¿Qué entendemos por una verdadera transición justa?
– El derecho a decir que no

– Alternativas al crecimiento
– Derechos de la naturaleza
– Buen Vivir

4. Conclusión: Hacia transiciones justas para las personas y la naturaleza

1. Introducción

Treinta años después de la primera Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y treinta y tres desde la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil, las emisiones globales de gases de efecto invernadero a la atmósfera siguen aumentando, y la sexta extinción masiva de especies continúa acelerando en un vertiginoso ritmo. Cada vez hay más indicios que confirman la posibilidad de superar el alarmante umbral de 1,5 °C de calentamiento global, y de que podríamos estar cerca, o incluso haber superado, puntos de inflexión planetarios que antes se consideraban remotos o lejanos.

En todo el mundo, en estos tiempos, los pueblos indígenas y las comunidades de base están liderando soluciones, campañas y movimientos alternativos para hacer frente a la crisis climática. 

En vez de ser reconocidas, las comunidades de base suelen ser blanco de ataques desproporcionados por parte de quienes se benefician a través del extractivismo y buscan mantener el ‘status quo’. Los movimientos sociales y socioambientales de base se han considerado durante mucho tiempo como una amenaza para las estructuras de poder capitalistas y colonialistas. Se utilizan herramientas neoliberales para justificar la opresión estatal en nombre de la protección de la inversión y el crecimiento económico. Tanto en el norte como en el sur global, los defensores indígenas y socioambientales son señalados y/o acusados como «terroristas» por los gobiernos estatales y las empresas, así como también son amenazados con acciones legales por oponerse a los proyectos extractivos.

Las organizaciones multilaterales mundiales y los marcos internacionales de mitigación del cambio climático no abordan las violaciones de los derechos humanos cometidas en nombre de la transición hacia las energías «verdes» debido a una dinámica de poder arraigada y globalizada que favorece al norte global industrializado y a sus intereses económicos. La creación de «zonas de sacrificio» se considera un efecto secundario aceptable del modelo empresarial a gran escala de mitigación del cambio climático, donde las personas que defienden sus tierras son vistas como obstáculos para los Estados y las empresas que desean beneficiarse del vasto sistema lucrativo que es el mercado de las energías  «verdes».

Esta profunda desigualdad de poder es evidente en las diversas cumbres anuales de la COP. En la reciente COP30 celebrada en Belém, Brasil, a los pueblos indígenas solo se les concedió una presencia simbólica en el interior, mientras que el escenario estaba dominado por los defensores del mercado verde y los grupos de presión de los combustibles fósiles. En el exterior, los defensores de la tierra que protestaban en busca de una verdadera justicia climática fueron repelidos por la policía militar. Mientras tanto, a los poderosos bancos y corporaciones transnacionales no solo se les concedió un lugar central para difundir su «greenwashing», sino que financiaron en gran medida el evento. Vale recordar que la tercera empresa minera más grande del mundo fue uno de los principales patrocinadores de la COP30, mientras que los organizadores del evento guardaron un silencio inquietante sobre el catastrófico historial de la empresa en materia de medio ambiente y derechos humanos, que incluye la muerte de 270 personas en el colapso de la presa de Brumadinho en Brasil en 2019 y de 19 personas en Mariana en 2015.

La COP30 celebrada en Belém en 2025 contó además con la mayor participación hasta la fecha de grupos de presión del sector de los combustibles fósiles, así como con una presencia desmesurada de empresas cómplices de la destrucción de la Amazonía o que la están destruyendo activamente. Es evidente que esto no representa el tipo de acción en favor de la justicia climática que el mundo necesita para hacer frente al calentamiento global descontrolado. 

En ese sentido, los movimientos de base y los defensores de la tierra tienen mucho trabajo por delante, ya que deben librar no solo luchas localizadas contra la minería y el extractivismo, sino también contra sus gobiernos (desde el nivel local hasta el nacional), los sistemas jurídicos, las empresas transnacionales, los acuerdos comerciales multilaterales y todo el sistema global del capitalismo neoliberal. Las comunidades más afectadas por la expansión minera en busca de «minerales de transición» son, en su mayoría, aquellas que ya llevan mucho tiempo marginadas por el capitalismo y el colonialismo: las comunidades indígenas y las del Sur Global.

Debemos cuestionar esta narrativa dominante que presenta como inevitable la expansión de las actividades extractivas y el crecimiento económico en nombre del «desarrollo y el progreso». Una forma clave de lograrlo es garantizar que las comunidades del Sur Global y los pueblos indígenas sean los líderes de la acción climática y los que definan el discurso de la transición ecológica. Esto implica dar mayor visibilidad a las alternativas a la minería y al extractivismo, y potenciar los paradigmas pos-extractivos de justicia global.

2. Los discursos sobre la transición verde: una falsa dicotomía

Las pruebas son claras. Los fundamentos científicos que relacionan la emisión de dióxido de carbono con el calentamiento del planeta ya se establecieron en el siglo XIX. Éstos datos  están disponibles desde la década de los sesenta, y el consenso científico público sobre el calentamiento global se alcanzó hacia 1980. Ya en la década del cincuenta, algunas empresas eran muy conscientes de los posibles efectos de los combustibles fósiles en particular, a lo que respondieron con décadas de encubrimiento, negación y retrasos, que continúan hasta el día de hoy. Las grandes empresas y las entidades estatales no solo se han opuesto activamente y han bloqueado las medidas necesarias, sino que han aprovechado este tiempo para expandir sin descanso la extracción y llevar a la Tierra al borde del abismo. Mientras tanto, somos testigos de una sucesión cada vez mayor de «fenómenos meteorológicos extremos» —de hecho, fenómenos meteorológicos amplificados por el cambio climático— que atestiguan que ya nos encontramos en una crisis climática.

Conceptos y definiciones sobre el cambio climático

Es importante distinguir conceptualmente entre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y emisiones de carbono  (CO₂). Las primeras se refieren al total de emisiones antropogénicas de gases a la atmósfera que contribuyen al calentamiento global (IPCC 2021). Actualmente, el 76 % de las emisiones globales de GEI son de dióxido de carbono. El gas de efecto invernadero con la segunda mayor concentración en la atmósfera es el metano, con un 19 % (C2ES). La producción de metano está relacionada con la ganadería, la producción de combustibles fósiles y los residuos, mientras que el CO₂ se libera al quemar combustibles fósiles y mediante el uso extractivo de los bosques y el suelo.

Las emisiones de CO₂ están relacionadas con la mayoría de los sectores más importantes de la sociedad moderna, entre los que se incluyen la producción de energía, el transporte, las tecnologías de la información y la defensa. Los sucesivos informes del IPCC han dejado claro que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero son el principal factor del calentamiento global y, por lo tanto, la mayor parte de los esfuerzos en materia de política climática se centran en reducir estas emisiones con el fin de mantener el calentamiento global por debajo del objetivo de 1,5 °C establecido en 2015 durante el Acuerdo de París.

Tanto históricamente como en la actualidad, la distribución desigual de las emisiones de carbono entre los países es abrumadora, y la brecha es aún mayor si se tiene en cuenta el nivel de ingresos. En 2023, China, Estados Unidos y la India representaron conjuntamente el 42,6 % de las emisiones mundiales. Los patrones de las emisiones acumuladas de carbono a lo largo de la historia coinciden en gran medida con las potencias coloniales e imperialistas, y solo la rápida expansión de China en el siglo XXI se ha acercado a las de Estados Unidos y los países de la UE. Aún más dramática es la distribución desigual de las emisiones por consumo en función de los ingresos, donde se estima que las emisiones de carbono del 1 % más rico equivalen a más del doble que las de la mitad más pobre de la humanidad. Los multimillonarios más ricos del mundo pueden emitir más carbono en 90 minutos que una persona media en toda su vida. Muchos de estos ultrarricos están presionando activamente o vendiendo sus propias «soluciones climáticas», mientras siguen emitiendo personalmente cantidades exorbitantes de carbono. La influencia indebida que muchas de estas personas ejercen sobre los gobiernos está quedando al descubierto.

En julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen consultivo en el que se establece que los Estados no sólo están obligados a proteger el planeta de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también pueden ser considerados legalmente responsables si no lo hacen, lo que incluye denuncias por pérdidas y daños, así como indemnizaciones. 

Si bien es objetivamente cierto que necesitamos descarbonizar nuestra economía, hacerlo con el fin de defender y mantener el status quo de un reducido y privilegiado grupo, en lugar de hacerlo como un imperativo moral para cumplir los objetivos del Acuerdo de París es muy problemático. Nos encontramos ante una situación en la que el objetivo central de la descarbonización no es salvar el planeta para las generaciones futuras. El objetivo de las actuales estrategias hegemónicas de «transición» para alcanzar el cero neto es, ante todo, mantener el crecimiento económico y las condiciones para que prosperen las grandes empresas.

La mayoría de las negociaciones en las recientes cumbres de la COP y la financiación asociada se centran en soluciones tecnológicas y en el desarrollo de tecnologías con bajas emisiones de carbono, es decir, en la mitigación del cambio climático dentro del modelo de «seguir como hasta ahora». Esta es la vía preferida y más financiada por los Estados, los bancos y las empresas, y se considera la forma de acción climática de mayor prioridad. Por el contrario, se destina relativamente poca financiación internacional a la adaptación (medidas para gestionar el riesgo y facilitar el ajuste a los impactos climáticos actuales y futuros, como los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del nivel del mar y la inseguridad alimentaria). Tanto es así que, ¡El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que la adaptación recibe entre 10 y 20 veces menos financiación de la necesaria! Aunque cuenta con el respaldo financiero, la vía de mitigación que se baraja no cuestiona el sistema económico y, de hecho, no hace más que reforzarlo al mercantilizar la acción climática.

Las narrativas dominantes sobre la acción climática se basan, por tanto, en la suposición de que el crecimiento económico y la expansión material son los principales objetivos sociales y de desarrollo. Estas suposiciones se fundamentan en modelos de escasez de recursos, es decir, los recursos que antes pertenecían a toda la población ahora deben ser acaparados y controlados por un sistema jerárquico en cuya cúspide se encuentran los más poderosos. Las narrativas de la llamada «transición verde» fueron creadas por instituciones con sede en el Norte Global para orientar el acaparamiento de los recursos globales finitos con el fin de mantener el crecimiento económico y los estilos de vida de los más ricos del mundo.

Esto, a su vez, ha dado lugar a la narrativa dominante actual de que necesitamos extraer grandes cantidades de los denominados «minerales críticos», como el litio, el cobre, el níquel, el cobalto y las tierras raras, para impulsar la transición hacia las cero emisiones netas de carbono. Esto ha desencadenado una fiebre extractiva en el sector minero por poner en marcha y ampliar proyectos.

Nos están haciendo creer que nos enfrentamos a una disyuntiva clara: combustibles fósiles o «minerales críticos». Más concretamente, resolver la crisis climática implica sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, y para ello necesitamos extraer cada vez más minerales y «eliminar gradualmente» los combustibles fósiles. En pocas palabras: para salvar el planeta, ya devastado por siglos de explotación, tenemos que sacrificar más comunidades y más naturaleza.

Actualmente nos encontramos en un máximo histórico de consumo de combustibles fósiles (1). Mientras tanto, y al amparo de esta falsa narrativa sobre la acción climática, la extracción de metales y minerales también ha ido aumentando continuamente, incluso a un ritmo más rápido que el de los combustibles fósiles. Las empresas dedicadas a la extracción y el procesamiento de combustibles fósiles y minerales siguen obteniendo enormes beneficios a pesar de la crisis climática y, de hecho, gracias a ella (2). Por lo tanto, podemos ver que la extracción de minerales para la «transición hacia la energía verde» no está sustituyendo a los combustibles fósiles; de hecho, es un complemento: combustibles fósiles más energía renovable.

Esto se puede observar al examinar la lista de los mayores emisores de gases de efecto invernadero (3). A pesar de que el mayor porcentaje de las emisiones de carbono excedentes corresponde a los grandes productores de petróleo y gas, muchos de los puestos, entre los 100 principales emisores acumulados, los ocupan empresas consideradas de extracción de metales y minerales debido a su explotación del carbón (por ejemplo, Anglo American, Rio Tinto, Vale, Glencore). Mientras tanto, la mayoría de estas empresas siguen operando a pleno rendimiento y se proclaman «esenciales» para la transición. 

Aún más llamativo es que las cadenas de suministro de las grandes empresas metalúrgicas y mineras también son la causa de importantes emisiones debido a materiales cuya extracción y procesamiento consumen mucha energía, como el hierro, el cobre, el litio, el aluminio/bauxita, etc. Y estos análisis no tienen en cuenta la plétora de otros impactos ambientales y comunitarios asociados a la minería. Las grandes empresas mineras han sido y siguen siendo «líderes» en el colapso climático, en contraposición a la acción climática, que es lo que sus campañas de relaciones públicas quieren hacernos creer.

 

La apropiación del mercado de la acción climática por parte de la industria minera

La idea de que la minería es esencial para la acción climática es una mentira difundida sobre todo por las empresas y el sector que las respalda. La expansión de la minería en nombre de la «transición ecológica» no está motivada, en realidad, por el altruismo ni por una preocupación genuina por las personas y el medio ambiente, sino por factores de mercado, concretamente el aumento del valor de los minerales clave y la competencia geopolítica por el control de las cadenas de suministro. 

La mayoría de los metales clave necesarios para la electrificación de la producción energética (por ejemplo, el litio, el cobre, el níquel, el cobalto y las tierras raras —los llamados «metales de batería» para vehículos eléctricos)— han experimentado rápidas subidas en el precio de sus acciones en los últimos años. La minería de la «transición verde» es lucrativa, y esto ha alimentado tácticas generalizadas de «greenwashing» en la industria. A medida que las empresas buscan cadenas de suministro e inversores en las industrias de energía verde, sus sitios web se llenan de declaraciones grandilocuentes que promueven su compromiso con el abastecimiento de minerales para soluciones de energía verde. Las empresas transnacionales de seguros como BlackRock buscan ahora activamente inversiones en cadenas de suministro de energía verde, mientras que grandes empresas mineras como Rio Tinto y BHP se han reinventado a sí mismas como productores clave de minerales de «transición» de alto valor, como el litio y el cobre.

Las campañas de relaciones públicas de las empresas mineras suelen centrarse en los criterios «medioambientales, sociales y de gobernanza» (ESG) que, lejos de orientar la conducta de las empresas sobre el terreno, tienden a servir como herramientas de «greenwashing» para atraer a los inversores y favorecer agendas políticas. Si bien existen algunos esfuerzos simbólicos por parte de la industria para supervisar los impactos ambientales y sociales en las cadenas de suministro de minerales, estos han dado lugar a iniciativas como los sistemas de «estándares de certificación» que, lejos de aumentar la diligencia debida, pueden justificar aún más el lavado verde de las empresas al tiempo que ocultan sus actividades injustas y destructivas a la vista del público. Además, las políticas gubernamentales que se pusieron en marcha para acompañar la transición energética se están debilitando y revirtiendo, en consonancia con las tendencias de reducción de las competencias estatales (4).

Los «minerales de transición» no son lo mismo que los «minerales críticos»

El término «minerales críticos» se confunde a menudo con «minerales de transición», y ambos se utilizan indistintamente en los medios de comunicación. Sin embargo, existe una diferencia: «Minerales de transición» se refiere específicamente a los minerales utilizados en tecnologías renovables, incluidos los vehículos eléctricos. Por su parte, «minerales críticos» es un término más amplio que hace referencia a los minerales a los que los gobiernos o las instituciones multilaterales dan prioridad debido a su uso en tecnologías y en otros sectores que tienen una importancia económica clave en un lugar determinado, en un momento determinado.

Solo una cantidad limitada de «minerales críticos» se destina a las denominadas tecnologías bajas en carbono. Más de la mitad de los minerales considerados críticos en el Reino Unido «no desempeñan un papel importante» en la transición energética, mientras que uno de cada cinco «no desempeña ningún papel» ni siquiera en el escenario de cero emisiones netas de la AIE; de hecho, no se necesita ninguna actividad minera adicional para mantener el calentamiento del planeta por debajo de 1,5 °C.

Las estrategias y políticas gubernamentales sobre «minerales críticos» están dando cada vez más prioridad a los minerales destinados a la defensa y la seguridad nacional —en otras palabras, a la guerra— frente a las medidas climáticas reales. El litio, el cobalto, el níquel y los metales de tierras raras se utilizan en la fabricación de armas, incluidos misiles, submarinos y aviones de combate. Esto supone no solo devastación y muerte para las poblaciones afectadas por guerras y genocidios, sino también enormes beneficios para la industria armamentística mundial. En 2023, la industria armamentística obtuvo 632 000 millones de dólares estadounidenses de ganancia, sin contar el beneficio económico que obtuvo con el genocidio en Gaza, los conflictos en Ucrania, Yemen, Sudán, la República Democrática del Congo y otros lugares, así como el aumento impulsado por Trump para que los países de la OTAN puedan elevar su porcentaje de gasto del PIB en «defensa y seguridad» al 5 %.

 

Para más información, consulte el documento de posición de YLNM sobre la minería y la militarización.

 

En resumen, la minería no es una medida contra el cambio climático, la extracción de minerales no sustituye a los combustibles fósiles y los minerales extraídos no se destinan, en su mayoría, a tecnologías de energía renovable, sino a armas de guerra y otras iniciativas lucrativas del sistema capitalista. El resultado de esta dinámica es el desempoderamiento, e incluso el silenciamiento, de las voces de las comunidades que dicen «No» a los proyectos mineros debido a los impactos y riesgos que las actividades extractivas tienen sobre sus tierras, el agua, la salud y los medios de vida.

 

3. Sí a la vida: Sí a las transformaciones basadas en la justicia y el cuidado ¿Qué entendemos por una verdadera transición justa?

Las Naciones Unidas definen la transición justa como un marco «para garantizar que nadie se quede atrás en el cambio hacia una economía baja en carbono» (UNEPFI), centrándose principalmente en la protección de los trabajadores y las comunidades afectadas por la transición que supone el abandono de los combustibles fósiles. Si bien este enfoque reconoce la necesidad de la protección social y la creación de empleo, pasa por alto una verdad fundamental: la crisis a la que nos enfrentamos no es simplemente una crisis energética, sino de extracción y explotación. Una transición justa no puede limitarse a sustituir un conjunto de industrias extractivas por otro —por ejemplo, cambiar los coches de combustibles fósiles por motores eléctricos—. La definición anterior de «transición justa» acaba, de hecho, perpetuando la lógica colonial del extractivismo verde, justificando la apropiación de tierras indígenas, el desplazamiento de comunidades, el envenenamiento del agua y la erosión de la biodiversidad en nombre del progreso económico.

Transiciones justas

Recordamos que el concepto de «transición justa» surgió del movimiento sindical en la década del ochenta, con el objetivo de proteger el bienestar y la salud a largo plazo de los trabajadores y sus comunidades. Desde entonces, y mucho antes de su incorporación a las políticas climáticas y gubernamentales, ha sido objeto de debate, revisión y ampliación continua por parte de diversos movimientos sociales. Al margen de la reunión de la COP30 celebrada en Belém do Pará en noviembre de 2025, varias reuniones dieron forma a sus propios llamamientos globales sobre cómo debería ser una transición justa.

La Cumbrea de los Pueblos (Cúpula dos Povos) reunió a cientos de movimientos locales, nacionales e internacionales, pueblos indígenas y campesinos, y activistas socioambientales, que se unieron en una declaración a favor de una «transición energética justa, popular e inclusiva, con soberanía, protección y reparación para los territorios». Una campaña iniciada y liderada por las organizaciones y pueblos indígenas de la Amazonía brasileña y de otros países de la cuenca así como de todo el mundo reclamó una «transición justa y soberana que anteponga la vida al lucro». La Vía Campesina, en su Manifiesto para la COP30, situó la agroecología campesina y la soberanía alimentaria en el centro de la transición justa, afirmando que los países del Sur Global tienen derecho a una transición en sus propios términos.  En la reunión del Foro Social Temático sobre Minería y Economía Extractiva (TSF) celebrada en Belém –en la que YLNM participó como aliada y miembro– se lanzó un llamamiento para rechazar las falsas soluciones «verdes» y construir juntos una profunda transformación socioecológica y sistémica que supere el extractivismo en todas sus formas.

«Sí a la vida, no a la minería» se hace eco y se suma a estos llamamientos en favor de una transición que debe ser popular, inclusiva y verdaderamente justa. Esto significa una transición configurada por los pueblos y las comunidades, y no impuesta a estos. Debe centrarse en el derecho a decir «no» a los proyectos destructivos y en el derecho a la autodeterminación sobre los territorios, los medios de subsistencia y los modos de vida. Una transición justa también debe respetar los derechos de la naturaleza, reconociendo que los ecosistemas no son bancos de recursos para uso humano, sino parientes vivos cuyo bienestar determina el nuestro.

El derecho a decir que no

Las comunidades deciden decir «no» a la minería por muchas razones; consulte nuestro documento de posición «Por qué decimos NO a la minería» para obtener más detalles y ejemplos. Todas las comunidades tienen derecho a decir «no» a la minería. Todas las comunidades tienen derecho a defender sus territorios, sus medios de vida y el bienestar de las personas y de la tierra. 

Nos solidarizamos con las comunidades locales que se resisten al extractivismo y defendemos su derecho a decidir sobre todas las cuestiones que afectan a sus tierras, aguas y futuro. Esto incluye la autonomía, la autodeterminación y la soberanía territorial de los pueblos indígenas de todo el mundo, y reafirmamos el derecho de todas las comunidades a proteger y cuidar sus territorios de acuerdo con sus propios valores y sistemas de conocimiento.

Alternativas al crecimiento

Uno de los elementos fundamentales de la crisis socioambiental que se ha señalado es la insistencia del capitalismo en un crecimiento económico desenfrenado. El concepto del Producto Interior Bruto (PIB) como motor clave del «desarrollo» económico y político ha sido criticado por generaciones de activistas y académicos, en particular por aquellos arraigados en el Sur Global. En el Sexto Informe de Evaluación del IPCC se dedica un espacio a debatir sobre economías alternativas poscrecimiento, y hasta la Agencia Europea de Medio Ambiente ha tomado nota de ello. Estos giros se producen tras una importante investigación que critica la idea de «desvincular» el crecimiento de los impactos ambientales negativos, es decir, el «crecimiento verde».

Partiendo del legado de la crítica al desarrollo y de la economía ecofeminista, han ido surgiendo un número cada vez mayor de propuestas como el decrecimiento, el poscrecimiento y el posdesarrollo. El debate sobre el decrecimiento, en particular, es amplio y variado, e incorpora una gran diversidad de estrategias y propuestas; podría decirse que se trata de un espacio fundamental para el debate y la coordinación entre los movimientos del Sur y del Norte globales. Esto es significativo, ya que el concepto de «decrecimiento» se basa en una perspectiva internacionalista centrada en la justicia y pone especial de relieve la necesidad de que las regiones y clases más prósperas del mundo reduzcan su (sobre)consumo y aborden el «intercambio ecológico desigual» (extracción) de materiales y mano de obra de las regiones más pobres del mundo.  Dado que el concepto de decrecimiento supone un claro desafío a la lógica económica hegemónica del Norte Global, se mantiene prácticamente ausente de los debates políticos, tanto locales como internacionales, en torno a la mitigación y la adaptación al cambio climático, allí donde estos existen. Mientras tanto, los movimientos de base toman la iniciativa en su promoción.

Lamentablemente, el movimiento por el decrecimiento se ha enfrentado a críticas por parte de la corriente dominante, que sostiene que el concepto suena negativo o evoca la privación. Se trata, sin duda, de un malentendido o incluso de una interpretación errónea deliberada; sin embargo, para contrarrestar esto, han surgido conceptos que plantean una economía alternativa en términos más explícitamente positivos. Por ejemplo, la Wellbeing Economy Alliance define la economía del bienestar como aquella que «sitúa nuestras necesidades humanas y planetarias en el centro de sus actividades, garantizando que todas estas necesidades se satisfagan por igual, de forma predeterminada». El Gobierno escocés ha sido un defensor de este tipo de economía y ha elaborado un conjunto de herramientas para la economía del bienestar. 

La Construcción de Riqueza Comunitaria (CWB) es otro concepto que se basa en instituciones arraigadas localmente (por ejemplo, el servicio de salud) y fomenta la contratación de pequeñas empresas y cooperativas locales, manteniendo la riqueza circulando dentro de la economía local. El empleo justo y los mercados laborales justos, así como la propiedad plural de la economía y las finanzas justas, son algunos de los principios de la CWB. Actualmente se está implementando a nivel local y regional en varios continentes, principalmente en el Norte Global.

La idea de la economía del “donut”, con un «suelo social» y un «techo ecológico», fue desarrollada por primera vez por Kate Raworth. El suelo garantiza que se satisfagan las necesidades de todas las personas, mientras que  el techo asegura que no sobrepasemos  ecológicos ni desestabilicemos los sistemas que sustentan la vida en la Tierra. La economía del “donut” ha adquirido una gran influencia gracias a su representación simplificada de un mundo socialmente justo y ecológicamente sostenible; sin embargo, el concepto  ha sido ampliamente desarrollado y profundizado desde entonces. Un principio particularmente relevante para nuestro tema es: aspirar a prosperar en lugar de crecer.

Nunca se insistirá lo suficiente en que el decrecimiento pone de manifiesto que los puntos de partida para las transiciones justas son profundamente desiguales. Siglos de expoliación del trabajo, los recursos y las vidas han empobrecido y subordinado a muchas regiones del Sur Global. Por ello, la transferencia financiera y tecnológica es clave para cualquier camino basado en la justicia. Por ejemplo, basándose en décadas de trabajo sobre la «deuda ecológica», el movimiento Deuda por el Clima exige la cancelación de la deuda ilegítima en el Sur Global como una condición esencial para un futuro justo y sostenible. Incluso a nivel de la CMNUCC, gracias al liderazgo de la Alianza de Pequeños Estados Insulares, se ha establecido un Fondo para Pérdidas y Daños. Aunque actualmente su alcance financiero es bastante limitado, representa un reconocimiento formal y moral de la deuda de las partes más ricas del mundo.

Derechos de la naturaleza 

El movimiento por los Derechos de la Naturaleza se basa en el reconocimiento de que la Naturaleza es «una comunidad viva e indivisible de seres interrelacionados e interdependientes con derechos inherentes» (Barlow 2024). El concepto atrajo la atención mundial en 2008, cuando Ecuador definió en su Constitución a la naturaleza como un ser vivo (Pachamama) con derechos a «existir, persistir y prosperar». A pesar de los retos, las innovadoras leyes de Ecuador se han aplicado con éxito en varios casos, siendo quizás el más trascendental una sentencia del Tribunal Constitucional de 2021 que prohibió a una empresa minera canadiense operar en la reserva forestal de Los Cedros tras una intensa campaña local e internacional (Sí a la Vida, No a la Minería, 2025). El caso de Los Cedros fue el primero en Ecuador en impugnar las leyes constitucionales relativas al derecho a la protección jurídica de las empresas y las inversiones. En un nivel más profundo, la victoria judicial a favor del bosque afirma que la naturaleza tiene un valor intrínseco, independientemente de si puede monetizarse o no.

El movimiento por los Derechos de la Naturaleza se extiende actualmente por 40 países y defiende visiones y herramientas que cuestionan la hegemonía del poder extractivo colonial tanto en el Sur como en el Norte Global. En Ecuador, la autoridad indígena kichwa de Sarayaku ha formalizado la declaración Kawsak Sacha (Bosque Viviente), que define al bosque como una entidad viva unitaria con derechos (Kauffman et al., 2025). Esto se reconoce como un modelo fundamental de jurisprudencia ecológica que ha ayudado al pueblo sarayaku a defender sus tierras de la explotación petrolera y ha proporcionado herramientas para las luchas en otros lugares. Por su parte, en Australia, los conceptos de los Derechos de la Naturaleza están siendo replanteados por las Primeras Naciones con el fin de definir cómo podría ser una relación correcta con la Tierra para los colonos, y de respetar las leyes de los pueblos de las Primeras Naciones y su custodia ecológicamente sostenible de la tierra y el mar a lo largo de milenios (Australian Earth Laws Centre, 2025).

Los derechos de la naturaleza, junto con otras formas de jurisprudencia ecológica, como las leyes sobre ecocidio, se están convirtiendo en una parte integral de una transición justa. Según la Red de Mujeres por el Medio Ambiente y el Clima, «integrar los derechos de la naturaleza en la visión, la estructura y la práctica de una transición justa es fundamental para abordar las causas profundas de la crisis climática, rechazar las soluciones falsas y restablecer relaciones armoniosas con la Tierra» (WECAN, 2025).

En diciembre de 2022, los derechos de la naturaleza se incluyeron en el Marco Mundial para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal, un acuerdo internacional adoptado para detener y revertir la pérdida de biodiversidad (GBF, 2022). En mayo de 2025, se incorporaron en un dictamen consultivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el cambio climático y los derechos humanos, solicitado por Colombia y Chile —países en los que tanto la crisis climática como la respuesta industrial de la «transición verde» han afectado de manera desproporcionada a los pueblos indígenas en particular—. En ella se afirma: «El reconocimiento del derecho de la naturaleza a mantener sus procesos ecológicos esenciales contribuye a la consolidación de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible que respete los límites planetarios y garantice la disponibilidad de recursos vitales para las generaciones presentes y futuras».

En la COP30, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) celebró la tercera sesión de su 6º Tribunal Internacional, que concluyó con la presentación del documento de políticas, Un nuevo compromiso con la Madre Naturaleza, en el que se reclama justicia para la Tierra y sus defensores. Esto siguió a un evento celebrado en 2024 en Toronto bajo el lema Los impactos de la minería y la era pos-extractiva, que tuvo lugar al mismo tiempo que la gran feria comercial de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC). La yuxtaposición de eventos fue deliberada: para poner de relieve el daño causado por las empresas mineras canadienses, con el objetivo de desafiar la hegemonía que mantiene la impunidad de estas empresas y así trazar una hoja de ruta hacia una visión pos-extractiva (GARN, 2025).

Los derechos de la naturaleza en Europa: dos ejemplos de la red YLNM

Los Sperrins, Irlanda

En una isla cuyas principales amenazas ecológicas son el extractivismo (la minería y la explotación de canteras) y la agricultura industrial (que también puede entenderse como una forma de extractivismo), los defensores de la tierra y los protectores del agua comenzaron a ver el potencial de las leyes sobre los derechos de la naturaleza para hacer frente a estas amenazas de forma sistemática y a largo plazo, en lugar de tener que librar una batalla tras otra para mantener a las excavadoras alejadas de sus puertas. La creciente energía de un nuevo movimiento dio lugar a una oleada de mociones en los municipalidades y a una recomendación de la Asamblea Ciudadana para incluir los Derechos de la Naturaleza en la Constitución irlandesa. Sin embargo, también se dieron cuenta de que no podían esperar a que se adoptara oficialmente una nueva (o antigua) forma de ver el mundo, por lo que también comenzaron a declarar los derechos de sus biosferas locales. Un ejemplo de ello es la Declaración de los Derechos de las Comunidades y la Naturaleza de las montañas de Sperrin, una cordillera de ecosistemas y pueblos amenazados por la minería de oro. Así que, mientras siguen resistiendo, también trabajan para arraigar y hacer realidad el «dúchas», un concepto irlandés de pertenencia, o «conexión con la tierra». Es comunitario y ecológico, y apunta a una identidad moldeada por el lugar.

Las controvertidas ampliaciones mineras en Serbia

En Serbia, varias organizaciones están impugnando proyectos mineros y recurriendo al Convenio del Consejo de Europa sobre la conservación de la vida silvestre y los hábitats naturales de Europa (conocido como Convenio de Berna). Estas denuncias no solo tratan de recurrir a este mecanismo internacional para detener los proyectos mineros —dado que las vías legales son muy limitadas en el actual contexto jurídico-político de Serbia—, sino que también solicitan que se incorporen los Derechos de la Naturaleza al Convenio de Berna, basándose en el hecho de que este ya reconoce el «valor intrínseco» de la flora y la fauna silvestres. Las denuncias afirman además que, debido a las deficiencias de otros marcos jurídicos, los Derechos de la Naturaleza son «necesarios» para proteger las especies y sus hábitats. La denuncia para proteger las montañas de Homolje de la minería de oro, presentada ante el Convenio de Berna, también se ha debatido como un caso en el Tribunal de la GARN, lo que ha dado lugar a un veredicto contra el Estado y la empresa por posible ecocidio y violación de los Derechos de la Naturaleza.

Estas iniciativas en Europa contrastan radicalmente con la evolución de las políticas. Desde hace ya varios años, la Comisión Europea viene tomando medidas para debilitar la normativa medioambiental con el fin de facilitar la expansión de la minería y la intensificación de la militarización, acelerando la concesión de permisos, aceptando revisar la directiva clave sobre el agua, flexibilizando la notificación de la contaminación y abriéndose a revisar la Directiva sobre aves y hábitats. Parece irrelevante cómo estas desregulaciones van a conciliarse con los compromisos en materia de biodiversidad global, protección del medio ambiente, derechos humanos fundamentales e incluso acción climática. Este «Pacto Verde» de la Unión Europea está dispuesta a sacrificar la naturaleza y las comunidades, tanto dentro del bloque como en el resto del mundo a través de acuerdos comerciales y asociaciones, a cambio de soluciones rápidas para la economía y la seguridad nacional.

Buen Vivir

El Buen Vivir, o Sumak Kawsay, es una filosofía indígena andina que propugna vivir en armonía con el mundo viviente. El Buen Vivir, o «vivir bien» (sumak kawsay en kichwa/quechua), es una filosofía indígena andina que propugna vivir en armonía con el mundo viviente. Otros pueblos tienen conceptos similares: Ñandereko, Küme Mongen, Suma Qamaña, Ubuntu, Swaraj, relación correcta.

El filósofo latinoamericano pos-extractivista Eduardo Gudynas describe el Buen Vivir como una postura radicalmente biocéntrica, que reconoce los valores intrínsecos del medio ambiente y desmonta el concepto fundamental de dualidad entre los seres humanos y la naturaleza que sustenta las economías extractivas. 

En América Latina, el Buen Vivir ha surgido de diversas formas en los movimientos indígenas, políticos y sociales de varios países, entre ellos Ecuador, Bolivia, Uruguay, Chile y Perú. Los principios del Buen Vivir han sido consagrados en las constituciones de Ecuador y Bolivia. En Bolivia, se trata de un marco ético arraigado en los conceptos indígenas aimaras de vida armoniosa. En Ecuador, el concepto se traduce en un conjunto de derechos constitucionales, que fueron incorporados a la Constitución de 2008 por una Asamblea Nacional en la que estaban representadas las naciones indígenas y los movimientos sociales de izquierda.

Podría decirse que las expresiones de las economías alternativas y los Derechos de la Naturaleza son formas modernas de expresar formas antiguas de ser. Sin embargo, necesitamos traducir la «relación correcta» a nuestros propios contextos para poder realizar una transición justa hacia un mundo que nutra a las personas, los lugares y el planeta.

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Conclusión: Hacia transiciones justas para las personas y la naturaleza

Nos solidarizamos con las comunidades que afirman que no podemos salir de la crisis climática mediante la minería. El extractivismo, ya sea de combustibles fósiles o de minerales, es incompatible con la justicia, el cuidado y la regeneración. Las soluciones reales residen en las economías pos-extractivas: aquellas basadas en la reciprocidad, la gestión colectiva, los sistemas de conocimiento indígena y la restauración de las tierras y aguas dañadas. Una transición justa, en este sentido, no consiste en mantener el modelo de crecimiento industrial, sino en mantener la vida.

Por último, nos hacemos eco del llamamiento lanzado por las comunidades indígenas y tradicionales de la Amazonía desde Belém do Pará a todas las personas que luchan por la justicia en todo el mundo: «A Resposta Somos Nós» (La respuesta somos nosotros). Poner fin a este sistema destructivo y transformar socioecológicamente nuestras sociedades será una tarea liderada por las comunidades afectadas que están en la primera línea, en el respeto de los Derechos de la Naturaleza y el Buen Vivir, liberándonos de la economía basada en el crecimiento; de lo contrario, estas transiciones no serán ni justas ni sostenibles. Las falsas transiciones son y serán firmemente rechazadas y combatidas. Nuestro «no» es claro, y defendemos el derecho a que se respete. Pero hay muchos «síes», muchas transiciones y muchas transformaciones. Damos espacio para que esos «síes» existan, persistan, se regeneren y prosperen.

Endnotes/Notas al final

1. En 1980, cuando los gobiernos y la industria empezaban a tomar conciencia de los efectos de la quema de combustibles fósiles en nuestro planeta, el consumo anual de carbón, petróleo y gas se situaba en 70 683 TWh (TWh = un teravatio-hora, o un billón de vatios-hora). En 2024, tras 29 conferencias de la COP sobre el clima y tras el Acuerdo de París, el consumo anual no solo se había mantenido, sino que había vuelto a aumentar en la misma cantidad, hasta alcanzar la enorme cifra de 142 421 TWh (Our World In Data).

2. En 2025, la industria minera (incluidos los metales y el carbón) obtuvo unos beneficios globales colosales de 863 000 millones de dólares estadounidenses.

3. Se ha estimado que el 71 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo 1988-2015 pueden atribuirse a tan solo 100 entidades corporativas y gubernamentales.

4. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en los últimos días en la Unión Europea, con la Ley de la Cadena de Suministro (Directiva sobre la Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Corporativa, CSDDD, y Directiva sobre la Presentación de Informes de Sostenibilidad Corporativa, CSRD), apenas unos meses después de su aprobación; en Argentina, con las leyes que amenazaban con derogar la protección de los glaciares para permitir la minería; en Nueva Zelanda, con nuevas leyes de vía rápida que eliminan la necesidad de consultar a las comunidades indígenas y locales, y en muchos otros lugares del mundo.

The only thing standing between wastewater and its new life as a nutrient-rich fertilizer may be streams of tiny, tiny bubbles. 

This is the novel takeaway from a recent study which focuses on an emerging new approach: plasma bubble technology. This technology can purify water, while retaining its crop-benefiting nutrients. What’s more, when researchers tested the resulting purified and concentrated feed on hydroponic garlic crops, they noted that the plants had notably faster and healthier growth.

In general terms, plasma bubble technology works by pumping ionized gas into water, which creates millions of microscopic bubbles that course through the water, reacting in different ways with the ingredients within it. It’s this reaction that is key to its water-purifying qualities: the bubbles have the ability to degrade organic contaminants in the water. But, they’re also able to fix nitrogen, a key agricultural nutrient.

For their study, the University of Alberta researchers sourced wastewater from the malting industry, which produces spirits and beer. This byproduct is rich in organic elements, including nitrogen. But while one of these—nitrogen—accelerates crop growth, the researchers note that the remaining organic load could put growing plants under strain.

So, they tried their plasma bubbles, using a patented version of the technology that they have developed, which uses an electric pump and is fully automated. After pumping the malt wastewater full of tiny bubbles, the researchers found that the water’s organic load had been reduced by 90%, but the ionized bubbles increased the total levels of nitrogen in the water to 53.1 mg per litre through nitrogen fixation, almost double the amount in the control experiments.

 

.IRPP_ruby , .IRPP_ruby .postImageUrl , .IRPP_ruby .centered-text-area {height: auto;position: relative;}.IRPP_ruby , .IRPP_ruby:hover , .IRPP_ruby:visited , .IRPP_ruby:active {border:0!important;}.IRPP_ruby .clearfix:after {content: "";display: table;clear: both;}.IRPP_ruby {display: block;transition: background-color 250ms;webkit-transition: background-color 250ms;width: 100%;opacity: 1;transition: opacity 250ms;webkit-transition: opacity 250ms;background-color: #eaeaea;}.IRPP_ruby:active , .IRPP_ruby:hover {opacity: 1;transition: opacity 250ms;webkit-transition: opacity 250ms;background-color: inherit;}.IRPP_ruby .postImageUrl {background-position: center;background-size: cover;float: left;margin: 0;padding: 0;width: 31.59%;position: absolute;top: 0;bottom: 0;}.IRPP_ruby .centered-text-area {float: right;width: 65.65%;padding:0;margin:0;}.IRPP_ruby .centered-text {display: table;height: 130px;left: 0;top: 0;padding:0;margin:0;padding-top: 20px;padding-bottom: 20px;}.IRPP_ruby .IRPP_ruby-content {display: table-cell;margin: 0;padding: 0 74px 0 0px;position: relative;vertical-align: middle;width: 100%;}.IRPP_ruby .ctaText {border-bottom: 0 solid #fff;color: #0099cc;font-size: 14px;font-weight: bold;letter-spacing: normal;margin: 0;padding: 0;font-family:'Arial';}.IRPP_ruby .postTitle {color: #000000;font-size: 16px;font-weight: 600;letter-spacing: normal;margin: 0;padding: 0;font-family:'Arial';}.IRPP_ruby .ctaButton {background: url(https://www.anthropocenemagazine.org/wp-content/plugins/intelly-related-posts-pro/assets/images/next-arrow.png)no-repeat;background-color: #afb4b6;background-position: center;display: inline-block;height: 100%;width: 54px;margin-left: 10px;position: absolute;bottom:0;right: 0;top: 0;}.IRPP_ruby:after {content: "";display: block;clear: both;}Recommended Reading:Engineered E. Coli produce electricity from wastewater

 

Then it was time to put their nutrient-enriched water to the test. In an experimental hydroponic set up, the researchers watered 36 garlic plants, germinated from bulbs. They found that compared to the control plants, the plasma-wastewater treated bulbs germinated sooner, and developed longer roots.

Tests on the plants revealed that the treated garlic bulbs had assimilated more nutrients than the others, confirming the nutrient-rich status of the bubbled water. This showed up in the garlics’ continued growth, with the biomass of treated plants almost doubling that of the others. 

The scientists think their automated system is a good fit for hydroponic crop production, and could work for a range of other plants grown in this setting, they believe.

Like many of the best solutions, theirs dovetails two in one. “The technology performs the dual function of treating the wastewater and converting it into a nutrient solution that supports hydroponic crop production,” the authors say. “In this way, the treated wastewater becomes a valuable agricultural resource instead of a disposal problem.”

Zhang et. al. “Microbubble-enhanced cold plasma activation of food-industry wastewater for valorization and hydroponic crop production.” Green Chemical Engineering. 2026.

Image: cottonbro studio via pexels

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Headline News:

• “How Lithuania Became A Wild Card For The EU’s Clean Energy Race” • Lithuania has rapidly become a renewables powerhouse after drastically reducing its reliance on polluting fossil fuels. The country’s domestic consumption of renewable electricity jumped from 15% five years ago to 50% in 2025, thanks to huge investment in solar and wind. [Euronews]

Solar farm (Aiseinau, CC BY-SA 4.0)

• “EU Wind Funding Drives Seven-Fold Returns” • Each €1 of public funding for wind delivers €7 annually to the European economy by 2040, according to a study by Trinomics with DTU Wind. The study said targeted EU support for wind innovation and industrial scale-up would generate major economic and energy security benefits. [reNews]
• “Petrostates Tried To Squash This Historic Climate Ruling. The UN Just Voted To Back It” • The UN General Assembly approved a non-binding resolution endorsing the advisory opinion by the UN’s top court last July that called failure by countries to protect the planet from climate change a violation of international law, a win for low-lying countries. [Euronews]
• “Trump Administration Will Ease Refrigerant Rule In Effort To Address Surging Grocery Costs” • The Trump administration is set to loosen a federal rule that requires grocery stores and air-conditioning companies to reduce greenhouse gases used in cooling equipment, in what officials say is a push to lower grocery costs. [ABC News]
• “Wood Mackenzie Warns On Data Center Power” • Wood Mackenzie warns that the race to power AI is straining US grid development. Data center developers are pursuing collocated generation and flexible interconnection models due to grid build-outs taking 5 to 10 years, but the projects face greater hurdles than widely understood. [reNews]

For more news, please visit geoharvey – Daily News about Energy and Climate Change.

With deep sorrow, we receive the news of the passing of Carlo Petrini, dear friend, fellow traveler, and an unwavering voice in the defense of the Earth, of food, and of living communities.

For decades, we walked together in shared struggles: for biodiversity, for seed freedom, for the dignity of small farmers, and for a food system rooted in care, justice, and the sacred relationship between human beings and nature. Through Terra Madre, Slow Food, and the many global networks Carlo helped to nurture, millions have reawakened to the understanding that food is a commons, and that cultural and ecological diversity are the very foundations of peace and true democracy.

Carlo embodied the rare ability to root himself deeply in place while holding a planetary vision. He gave voice to peasants, seed keepers, artisanal producers, and to the communities who courageously defend the Earth against an extractive and destructive industrial model. Together, we shared gatherings, dialogues, international forums, and moments of collective mobilization, affirming that the future of humanity depends on our capacity to protect biodiversity and to regenerate the living bonds between people and the Earth.

I carry a vivid memory of his participation in the International Commission on the Future of Food and Agriculture, initiated by Claudio Martini, then President of the Tuscany Region. From this meeting, in 2008, the Manifesto for the Future of Food was born.

His legacy will live on in the seeds of hope he has sown across the world, in the webs of solidarity he helped to weave, and in the new generations who will carry this journey forward, for food that is good, clean, and just.

My heart is with his family, the Slow Food community, and all those who loved him.

Vandana Shiva
President of Navdanya International

 

 

 

photo credit: identitagolose.com

Fenomena ini menjadi bukti bahwa pemain masa kini tidak hanya mencari kemenangan semata, tetapi juga menginginkan pengalaman bermain yang nyaman, realistis, dan mampu memberikan sensasi seperti berada langsung di meja casino sungguhan. Berbagai inovasi tersebut pun sukses menarik perhatian pemain lama maupun pengguna baru yang penasaran mencoba hiburan digital generasi terbaru.

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On Thursday, May 28, thousands of Ontarians will be taking to the rails and converging on Union Station in downtown Toronto. In addition to their...

The post Stopping Ford’s hospital privatization train wreck first appeared on Spring.

Hundreds of scientists in dozens of institutions are embarking on the next phase of the world’s largest coordinated climate-modelling effort.

Climate-modelling groups use supercomputers to run climate models that simulate the physics, chemistry and biology of the Earth’s atmosphere, land and oceans.

These models play a crucial role in helping scientists understand how the climate is responding as greenhouse gases build up in the atmosphere.

For four decades, the Coupled Model Intercomparison Project (CMIP) has guided the work of the climate-modelling community by providing a framework that allows for millions of results to be collected together and compared.  

The resulting projections are used extensively in climate science and policy and underpin the landmark reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Now, the seventh phase of CMIP – CMIP7 – is underway, with more than 30 climate-modelling centres expected to contribute more than five million gigabytes of data  – so much that downloading it using a fast internet connection would take two and a half years.

Here, we look at what is new for CMIP7, including its model experiments, updated emissions scenarios and “assessment fast track” process.

What is CMIP? 

Around the world, climate models are developed by different institutions and groups, known as modelling centres. 

Each model is built differently and, therefore, produces slightly different results. 

To better understand these differences, CMIP coordinates a common set of climate-model experiments.

These are simulations that use the same inputs and conditions, allowing scientists to compare the results and see where models agree or differ. 

The figure below shows the countries that have either produced or published CMIP simulations.

Countries that have contributed modelling or data infrastructure for CMIP. Credit: CMIP

During this time, scientists use new and improved models to run experiments from previous CMIP phases for consistency, as well as new experiments to investigate fresh scientific questions.

These simulations produce a trove of data, in the form of variables – such as temperature, rainfall, winds, sea ice extent and ocean currents. This information helps scientists study past, present and future climate change. 

As scientific understanding and technical capabilities improve, models are refined. As a result, each CMIP phase incorporates higher spatial resolutions, larger ensembles, improved representations of key processes and more efficient model designs.

CMIP7 objectives

Each CMIP phase has an “experimental design” that outlines which climate-model experiments should be run and their technical specifications, including the time period the models should simulate.

The CMIP7 experimental design has several components. 

As in CMIP6, for a modelling centre to contribute, they are asked to produce a suite of experiments that maintain continuity across past and future CMIP phases. 

This suite of experiments is known as the “diagnostic, evaluation and characterisation of klima” (DECK) and is used to understand how their model “behaves” under simple, standard conditions. These experiments are designed and requested directly by CMIP’s scientific governing panel. 

Alongside the DECK, CMIP also incorporates experiments developed by model intercomparison projects (MIPs) run by different research communities. For example, experiments exploring what the climate could look like under different levels of emissions or those that explore how sea ice might have changed between the last two ice-ages.

Currently, CMIP is working with 40 MIPs. These groups investigate specific scientific questions at their own pace, rather than on timelines prescribed by CMIP.

Running a large number of simulations can take modelling centres a long time. To speed up the process, CMIP7 has launched the “assessment fast track”. 

This is a small subset of CMIP7 experiments, drawn from past and present community MIPs, identified through community consultation as being critical for scientific and policy assessments.

Data from the assessment fast track will be used in the reports that will together form the seventh assessment (AR7) of the IPCC. 

It will also be used as an input by other groups that create climate information, including organisations involved in regional downscaling and modelling climate impacts and ice-sheet changes.

The figure below shows the different components of CMIP7. It shows how a subset of CMIP7 experiments will be delivered on an accelerated timeline, while the majority of experiments will be led by MIPs.

The different components of CMIP7. Credit: CMIP CMIP7 experiments

There are three categories of experiments set to take place in CMIP7:

• Historical experiments, which are designed to improve scientific understanding of past climates. Model runs exploring the recent historical period also allow scientists to evaluate the performance of models by checking how well they replicate real-world observations. 
• Prediction and projection experiments, which allow scientists to analyse what different climates could look like under varying levels of greenhouse gas emissions, as well as near-term (10-year) prediction experiments.
• Process understanding experiments, which are designed to better understand specific processes and isolate cause-and-effect relationships. For example, a set of experiments might change the emissions of one greenhouse gas at a time to see how much each pollutant contributes to warming or cooling the climate.

Modelling centres typically produce and publish their data for the historical and projection experiments first. 

CMIP expects the first datasets to be available by this summer, with broader publication recommended by the end of the year, in time to be assessed by IPCC AR7 authors.

Drafting of the reports of AR7 is currently underway. However, countries are yet to agree on the timeline for when they will be published. This presents a challenge for the climate-modelling community, given the difficulties of working with a moving deadline. 

(For more on the ongoing standoff between countries around the timing of publication of the reports, read Carbon Brief’s explainer.)

New emissions scenarios

Scientists use emissions scenarios to simulate the future climate according to how global energy systems and land use might change over the next century.

Crucially, these scenarios – also known as “pathways” – are not forecasts or predictions of the future. 

The group tasked with designing the scenarios for CMIP phases, as well as producing the “input files” for climate models, is the “scenario model intercomparison project”, or ScenarioMIP.

In a new paper, the group has set out the new set of scenarios for CMIP7:

• High (H): Emissions grow to as high as deemed plausibly possible, consistent with a rollback of current climate policies. This scenario will result in strong warming. 
• High-to-low (HL): Emissions rise as in the high scenario at first, but are cut sharply in the second half of the century to reach net-zero by 2100. 
• Medium (M): Emissions consistent with current policies, frozen as of 2025, leading to a moderate level of warming. 
• Medium-to-low (ML): Emissions are slowly reduced, eventually reaching net-zero emissions by the end of the century.
• Low (L): Emissions consistent with likely keeping warming below 2C and not returning to 1.5C before the end of the century.
• Very low (VL): Emissions are cut to keep temperatures “as low as plausible”, according to the paper. This scenario limits warming to close to 1.5C by the end of the century, with limited overshoot beforehand. 
• Low-to-negative (LN): Emissions fall slightly slower than in the VL scenario, with temperatures just rising above 1.5C. Emissions then rapidly drop to negative to bring warming back down.

The figures below show the emissions (left) and the estimated global temperature changes (right) under the seven new scenarios for CMIP7, from the low-to-negative emissions scenario (turquoise) to a high-emissions scenario (brown). 

The greenhouse gas emissions for each of the CMIP7 climate scenarios (left) and the associated estimated average temperature change from 1850-1900 (right) using the FaIR emulator. Source: Adapted from Van Vuuren et al. (2026)

As a set, the ScenarioMIP scenarios “cover plausible outcomes ranging from a high level of climate change (in the case of policy failure) to low levels of climate change resulting from stringent policies”, the paper says.

Compared to the scenarios in CMIP6, the range in future emissions they cover is now narrower, the authors say:

“On the high-end of the range, the CMIP6 high emission levels (quantified by SSP5-8.5) have become implausible, based on trends in the costs of renewables, the emergence of climate policy and recent emission trends…At the low end, many CMIP6 emission trajectories have become inconsistent with observed trends during the 2020-30 period.”

Put simply, progress on climate policies and cheaper renewable technologies means that scenarios of very high emissions have now been ruled out. 

However, this progress has not been sufficient to keep society on track for the Paris Agreement’s 1.5C goal. The paper notes that, “at this point of time, some overshoot of the 1.5C seems unavoidable”.

[The change to the high end of the scenarios has sparked misleading commentary in the media and on social media – even from US president Donald Trump. A Carbon Brief factcheck unpacks the debate.]

Also notable in the new scenarios is the “low-to-negative” pathway, which has the explicit feature of emissions becoming “net-negative”. In other words, through carbon dioxide removal (CDR) techniques, society reaches the point at which more carbon is being taken out of the atmosphere than is being added through greenhouse gas emissions. 

Reaching net-negative emissions is fundamental to “overshoot scenarios”, where global warming passes a target and then is brought back down by large-scale CDR.

Overshoot scenarios allow scientists and policymakers to investigate the impacts of a delay to emissions reductions and better understand how the world might respond to passing a warming target. This includes the question of whether some impacts of climate change, such as ice sheet melt, are reversible. 

CMIP has encouraged modelling centres to run simulations using the “high” and “very low” scenarios first to ensure downstream users of the data – including groups working on regional climate projections (CORDEX), climate impacts modelling (ISIMIP) and ice-sheet modelling (ISMIP) – have enough time to produce their data for IPCC reports.

These two scenarios were selected as they sit at opposite ends of the spectrum of climate outcomes. The high scenario will demonstrate how models behave under high emissions, while the very low scenario will demonstrate how models behave when emissions are rapidly reduced. 

CMIP has recommended that modelling centres then run the “medium” and “high-to-low” scenarios. The remaining scenarios should then follow and no official recommendation has been made yet on their production order.

Other new features 

In addition to the assessment fast track and new scenarios, CMIP7 has a number of other new developments.

Updated data for simulations

Climate models use input datasets to define the set of external drivers – or “forcings” – that have caused the global warming observed so far. These drivers include greenhouse gases, changes to incoming solar radiation and volcanic eruptions.

CMIP recommends modelling groups use the same input datasets, as this makes it easier to compare model results.

In CMIP7, the historical forcing datasets available for modelling groups to use have been improved to better represent real-world changes and extended closer to the present day. The historical simulations will be able to simulate the past climate from 1850 through to the end of 2021, whereas CMIP6 only simulated the past climate through to 2014. 

CMIP is also planning to extend these historical datasets through to 2025 and maybe further throughout the course of CMIP7. 

Emissions-driven simulations 

CMIP7 introduces a new focus on CO2 emissions-driven simulations, providing a more realistic representation of how the climate responds to changes in emissions.

In older generations of climate models, atmospheric levels of CO2 and other greenhouse gas concentrations have been needed as an input to the model. These levels would be produced by running scenarios of CO2 emissions through separate carbon cycle models. The resulting climate-model runs were known as “concentration-driven simulations”. 

However, many of the latest generation of models are now able to run in “emissions-driven mode”. This means that they receive CO2  emissions as an input and the model itself simulates the carbon cycle and the resulting levels of CO2 in the atmosphere. 

This development is important, as climate policies are typically defined in terms of emissions, rather than overall atmospheric concentrations. 

This new development in modelling will enable a more realistic representation of the carbon cycle and a better understanding of how it might change under different levels of warming. 

Enhanced model documentation and evaluation

All CMIP7 models will be required to supply standardised model documentation that ensures consistency across model descriptions and makes it easier for end users to understand the data. 

Additionally, CMIP scientists have developed a new open-access tool that dramatically speeds up the evaluation of climate models. 

This “rapid evaluation framework” allows researchers to compare model outputs with real-world observations, providing immediate insight into model performance. 

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Even as gas prices continued to rise across the United States, sales of electric vehicles fell in April. That is in contrast to strong growth elsewhere in the world, such as Europe. But American drivers are gravitating toward at least one more efficient powertrain: hybrids. 

Sales of new EVs fell roughly 18 percent from March to April, according to the latest data from Edmunds, an auto research firm. Another company, Cox Automotive, pegged the drop at closer to 6 percent. Either way, experts said it’s clear that high gas prices aren’t leading to a significant shift toward EVs. 

“There was a lot of window shopping,” said Ivan Drury, director of insights at Edmunds, noting that searches for electrified vehicles on the company’s site were strong. “It did not translate to tire-kicking and purchases.” 

Price remains the steepest barrier for most people, said Drury. While electric vehicles can be less expensive to operate over the long-term — especially when gas prices are high — the upfront costs remain significant. The average transaction price for an EV in April was $6,214 higher than for vehicles with internal combustion engines, Cox reported.

“It’s still a cost hurdle,” said Stephanie Brinley, a principal automotive analyst at S&P Global Mobility. “You don’t know how long it’s going to take to get that back.” 

At Thursday’s average gas price of $4.56 per gallon, an EV buyer would have to drive more than 40,000 miles to make up the difference with a car that gets 30 mpg. Savings on maintenance, like oil changes, could accelerate that timeline, but factors such as higher insurance prices and having to install a home charger could make the payback period even longer. If fuel prices fall, the advantage of an EV also shrinks. 

“It’s very difficult for people to wrap their head around, ‘Hey, if I spend this $55,000, I might over time save’,” said Drury. “It requires a bit more math than most people want to go through.” 

The calculus is much simpler for hybrid vehicles, which utilize batteries that can improve fuel economy by 25 to 45 percent without needing to plug in. A Honda CR-V, for example, gets around 29 mpg while the hybrid version gets 37. More and more popular models are only available as hybrids, a strategy that Toyota has perhaps embraced most notably. Last year, it ditched the gas-only version of the Camry sedan. The 2026 RAV4 followed suit.

Overall, Edmunds data shows that sales of hybrids are up 20 percent year-over-year and nearly 50 percent since February, when the U.S.-Iran conflict began. Sales of gas-powered gas are up about 11 percent over those same two months. 

“I think this is going to be a hybrid moment,” said Stephanie Valdez Streaty, director of industry insights at Cox Automotive. “There are a lot of options.”

Used EVs provided another somewhat bright spot, she said. The segment saw a 3 percent increase in sales from March to April and a price premium of only $1,096 over used internal combustion vehicles. Used EVs also sold faster than their used gas-powered counterparts. “They’re really selling efficiently,” said Valdez Streaty, who added that there should be a glut of EVs available throughout the year as leases end. “I don’t think the inventory will be an issue.”

With Iran maintaining its hold over the Strait of Hormuz and summer travel season looming, gas prices appear set to keep climbing — which would only make an EV more appealing. Other parts of the world have seen significant jumps in sales since the conflict began, with Europe experiencing a surge and China setting an export record in April, according to BloombergNEF. 

In the United States, though, it seems that only people already in the market for EVs are making the leap. “Edge-case people,” as Brinley called them. Dramatic pump readings “might nudge them because they were already in that direction,” she said. “But what we’re unlikely to see is a shift in current [internal combustion car] owners just fundamentally making that change simply because of gas prices.”

This story was originally published by Grist with the headline Why hybrids — not EVs — are winning over US consumers on May 22, 2026.

About six years ago, law students at the University of the South Pacific convinced the government of the small island nation of Vanuatu to take the harms wrought by climate change all the way to the International Court of Justice, the world’s highest legal authority. Vanuatu, along with the students, waged a campaign to convince the court that climate change was a human rights issue and that countries have a legal duty to protect the planet for future generations. In 2025, the court sided with them unanimously. In a legally nonbinding advisory opinion, it ruled that the failure of countries to tackle climate change is a “wrongful act” and that other nations harmed by a warming planet may seek reparations. 

Now, the effort has notched another win. On Wednesday, an overwhelming majority of countries in the United Nations voted to adopt a resolution backing the court’s ruling. The historic decision signals the political support behind the court’s finding that countries have a legal responsibility to address climate change, reduce its impact, and offer reparations to those it has harmed. More than 140 countries voted in favor of the resolution. Just eight  — including the United States, Iran, Israel, Saudi Arabia, and Russia — voted against (28 countries abstained from the vote).

“This must be a turning point in accountability for damaging the climate,” said Vishal Prasad, director of the Pacific Islands Students Fighting Climate Change and one of the law students who campaigned to take the case to the International Court of Justice, or ICJ. “The journey of this idea from classrooms in the Pacific to The Hague and the United Nations gives us continued hope that when people organize, the world can be moved to act.”

The near-unanimous decision is a strong signal that multilateral cooperation on climate change has not completely unraveled. Over the past year, global unity on reducing greenhouse gas emissions has proven shaky. After Donald Trump’s administration announced it would withdraw from the Paris Agreement, the United States has actively opposed climate action. Last year, it derailed countries that were close to setting a carbon tax on the shipping industry, which is responsible for about 3 percent of the world’s carbon emissions. A deal to regulate the industry’s emissions now seems uncertain. The U.S. has also helped kill a cap on plastics production and berated the International Energy Agency into projecting future energy demand under a scenario that climate action will stall out. 

“The unity and clarity expressed by the vote was striking,” said Nikki Reisch, director of the Center for International Environmental Law’s climate and energy program. Reisch said the resolution puts “political weight behind legal norms” and will help translate the international court’s conclusions into practical action. “It will become another pillar and proof of political backing for action and accountability.”

The Trump administration also mounted a campaign to block the United Nations from adopting the landmark international court ruling. In February, the State Department sent a missive to all consulates and embassies noting that it “strongly opposed” the U.N. resolution and that its adoption “could pose a major threat to U.S. industry.” In remarks ahead of the vote, Tammy Bruce, a former conservative radio host and now deputy representative to the U.N. in New York, said that the resolution is “problematic” and that “the United States continues to have serious legal and policy concerns” about it. 

“The resolution singles out certain groups for preferential treatment and makes alarmist political statements, such as the idea that climate change is an unprecedented challenge of civilizational proportions,” Bruce said. “Such hyperbolic statements are not appropriate in a resolution on an ICJ advisory opinion.” 

Tammy Bruce, deputy representative of the United States to the U.N. in New York, said the resolution is “problematic” and “makes alarmist political statements.” John Lamparski / Getty Images

The resolution reiterates the International Court of Justice’s core findings and calls on countries to implement measures to keep global temperature rise to 1.5 degrees Celsius (2.7 degrees Fahrenheit) while transitioning away from fossil fuels. It also affirms that nations must fulfill their climate obligations and that those countries harmed by others’ inaction are entitled to seek redress. Finally, the resolution calls on the United Nations’ secretary-general to submit a report next year on ways to comply with the international court’s findings. The resolution, like most U.N. resolutions, is not legally binding; rather, it’s intended to signal political priorities or views.

The U.N. vote comes as countries are cracking down on climate activism and litigation. In Aotearoa New Zealand, the government moved to amend climate laws to limit civil court proceedings against major greenhouse gas emitters for climate-related harm. 

Māori climate advocate Mike Smith is among those whose cases could be affected. Recent reports have found that land theft and colonization have exacerbated the effects of climate change on the Indigenous Māori people, who are more likely to be affected by extreme weather events. Smith is currently pursuing high court proceedings against six of Aotearoa New Zealand’s largest greenhouse gas emitters, and he describes the U.N. vote as a “major shift,” arguing it reflects a changing understanding of climate change not just as environmental damage, but as something with legal consequences. 

“We know as Māori that the islands are part of our journey across the Pacific that’s led us here to Aotearoa,” he said. “New Zealand has a responsibility to stand with Pacific countries like Vanuatu, Kiribati, Tonga, and Tokelau. Not just symbolically, but in supporting stronger legal and international action on climate harm.” 

Although the U.N. vote is a victory for Indigenous activists from the Pacific and beyond, they believe that many countries still must be pushed to uphold their climate obligations. 

“The law is clear that climate action cannot sit on the shelf, it must be turned into action,” Prasad said.

The Indigenous News Alliance contributed reporting to this story.

This story was originally published by Grist with the headline In a rare show of global unity, countries adopt landmark climate ruling on May 22, 2026.

Good Food For All!, a European Citizens’ Initiative supported by a coalition of more than 300 civil society organisations across Europe, including ARC2020, is making important strides in amplifying the messages of the food sovereignty and agroecology movements. But the battle for hearts, minds and policies is still far from won.

Despite three decades of COP climate talks and a boom in renewables, global emissions continue to rise, rooted in capitalism’s relentless drive to expand energy use. Adam Smith’s The Wealth of Nations helps explain why renewable energy has grown without pushing fossil fuels out.

Nearly 60 countries launch coalition to accelerate the energy transition against the backdrop of the blockade of the Strait of Hormuz.

Solutions Enhance Grid Flexibility, Accommodate Energy Demand, and Lower Costs for Consumers

The New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) today announced over $6 million has been awarded to seven projects to advance technologies that can help integrate electric vehicles efficiently into New York’s electric grid. Through the State’s Vehicle Grid Integration Program, the awarded projects will advance solutions to enhance grid flexibility, shift charging to accommodate energy demand, and lower charging costs for consumers.

NYSERDA President and CEO Doreen M. Harris said, “NYSERDA is proud to partner with forward-thinking companies that are pushing the boundaries of vehicle-to-grid innovation and demonstrating new ways to manage and deliver energy more intelligently. Advancing these technologies will help unlock greater value from electric vehicles, support a more flexible energy system, and create new opportunities to modernize how power is shared and utilized across the state.”

NYSERDA’s Vehicle Grid Integration Program competitively awards projects that are scalable and advance electric vehicle (EV) charging infrastructure through product development, technology demonstrations, or new business models. Technologies include bi-directional charging, energy storage, on-site energy generation, and EV managed charging.

The awarded projects include:

• Bringing V2G Technology to New York Refuse Trucks: More than $1.6 million was awarded to Roundtrip EV Solutions to demonstrate bi-directional, fast charging in four refuse trucks for two municipal fleets in Ulster County.
• Gravity VGI Platform: Nearly $1 million was awarded to Gravity to develop a bidirectional Vehicle Grid Integration (VGI) platform to reduce EV charging station installation costs and balance energy by allowing EVs to feed power back to buildings in Manhattan.
• Integrating Refrigerated Trailers and Thermal Storage into NY Power Grid: Nearly $1 million was awarded to Energy One to develop and demonstrate a platform that integrates electric refrigerated trailers (eTRUs) with building-based thermal energy storage at the Hunts Point Food Distribution Center in Brooklyn.
• Joint Planning of Charging Networks and Power Grids for Diverse EV Integration: More than $700,000 was awarded to New York University to develop a comprehensive EV planning software tool for utility stakeholders to address gaps in EV charging infrastructure deployment and power grid upgrade planning in New York City.
• Optiwatt Long Island EV – VGI Transformer Protection Demonstration: More than $600,000 was awarded to Optiwatt for demonstration projects on Long Island where customers can use an active EV managed charging platform that balances energy loads.
• Pvilion’s Solar Powered Integrated Structures (SPIS): $500,000 was awarded to Pvilion to demonstrate a portable, solar-powered off-road EV charging solution using its Solar Power Integrated Structure (SPIS) with electric construction equipment at Westchester Tool Rentals in Peekskill and with electric farm equipment at Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) Manufacturing Innovation Learning Laboratory in Troy.
• Wireless Static and Dynamic EV Charging Project: $1 million was awarded to Electreon Wireless to demonstrate wireless charging for electric shuttle vans that reduce grid interconnection costs, lower peak energy demand, and improve fleet operating efficiency in Buffalo. 

New York State Senator Kevin Parker said, “New York is proving that the transition to clean transportation is not just about putting more electric vehicles on the road it’s about building a smarter, stronger, and more affordable energy system for the future. Through the sustained leadership of the Senate Energy and Telecommunications Committee, which I am proud to chair, we have helped advance the policy framework and innovation agenda that made investments like these possible. By prioritizing vehicle-grid integration, supporting emerging technologies, and ensuring New York remains at the forefront of clean energy deployment, we are delivering real solutions that lower costs for consumers, strengthen grid reliability, and accelerate our progress toward a more resilient and equitable energy future. From Brooklyn to Buffalo, these projects reflect what is possible when government, industry, and research institutions work together to turn bold climate goals into practical action for working families across the state.”

New York State Assemblymember William Magnarelli said, “I am pleased to see these funds being allocated to build our electric vehicle infrastructure. These projects are important to making the electric vehicle transition affordable and practical.”

Alliance for Transportation Electrification Executive Director Philip B. Jones said, “Across the country, we are achieving much greater scale in EV adoption and infrastructure as consumers prefer to purchase EVs as a superior technology. Vehicle grid integration solutions can unlock more savings for all at this greater scale. I am delighted that these innovative programs have been recognized by NYSERDA and that they can move forward now.”

Vehicle Grid Integration Council (VGIC) Executive Director Zach Woogen said, “New York continues to demonstrate national leadership in vehicle-grid integration by supporting innovative projects that move these technologies from concept to real-world deployment. Investments in managed charging platforms, bidirectional charging solutions, and charger-paired distributed energy resources help unlock EVs as a critical grid resource. These solutions enhance system reliability, community resilience, grid utilization, and energy affordability for all users of the electric grid, not just EV drivers.”

New York Battery and Energy Storage Technology (NY-BEST) Consortium Executive Director Dr. William Acker said, “The efficient integration of electrified transportation with the electric grid creates an opportunity to improve reliability and affordability.  NY-BEST applauds NYSERDA’s vehicle grid integration program which is advancing key technologies like bi-directional charging and the use of energy storage to improve grid utilization and flexibility, directly impacting ratepayer cost.”

Today’s announcement builds on New York State’s investments in technologies, new products, and solutions to address energy costs and demand and support a reliable electric grid. NYSERDA invests over $96 million per year through its innovation and research programs to attract world class energy innovators, reduce risk for private investors, and remove barriers to clean energy adoption in New York State, leveraging $15 in additional investment for every $1 spent. NYSERDA has partnered with over 900 companies that have helped make more than 300 products commercially available for consumers, businesses, and utilities.

Under Governor Hochul’s leadership, New York State is investing nearly $3 billion in zero-emission vehicles and expanding access to clean transportation to benefit all New Yorkers, including those in low-income or disadvantaged communities. In addition to the Drive Clean Rebate Program other state initiatives include the EV Make Ready, Charge Ready 2.0, EVolve NY, the New York Truck Voucher Incentive Program (NYTVIP), the New York School Bus Incentive Program and the Direct Current Fast Charger Program.

Funding for this initiative is through the Clean Energy Fund (CEF).

New York State’s Climate Agenda
New York State’s climate agenda calls for an affordable and just transition to a clean energy economy that creates family-sustaining jobs, promotes economic growth through green investments, and directs a minimum of 35 percent of the benefits to disadvantaged communities. New York is advancing a suite of efforts to achieve an emissions-free economy by 2050, including in the energy, buildings, transportation and waste sectors.

NYSERDA
Since 1975, NYSERDA has been working to advance New York’s energy system and economy. As a public benefit corporation, NYSERDA has served as an objective source for information and technical expertise to drive innovation and investment. NYSERDA professionals have worked to protect the environment and help New Yorkers increase energy efficiency, save money, and reduce reliance on fossil fuels. To learn more about NYSERDA’s programs and funding opportunities, visit nyserda.ny.gov or follow us on Twitter, Facebook, YouTube, or Instagram. 

Rebecca Jane Morgan’s account of the fight for legal recognition for trans people in the UK offers a valuable resource to contemporary activists, writes Kit Heyam

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Climate defeatism and moral abdication Channel Comment brendan 22nd May 2026 Teaser Media

• In the short term, U.S. fossil fuel companies are the biggest winners from President Trump’s war on Iran, thanks to higher and higher fuel prices. In the long run, though, more countries will pursue energy independence with help from China, spelling the end for American hegemony, much like the coal-driven British empire a century ago. (The Guardian)
• Mother Jones shows once again why suspending the federal gas tax wouldn’t help drivers much, but would blow a huge hole in transportation funding.
• The president of Amtrak, Roger Harris, is stepping down at the end of July. (Trains)
• How did 15-minute cities become the latest right-wing conspiracy theory? (Car Free America)
• As far as raw totals, California has the most pedestrian deaths in the country, mostly because of L.A. (Los Angeles Magazine)
• Drivers hit an astonishing 21 pedestrians on Knoxville’s North Broadway last year, but the city is planning changes. (News Sentinel)
• Transit ridership in Pittsburgh rose 50 percent for the NFL Draft, totaling more than 400,000 riders over three days. (Axios)
• Orlando is raising parking rates, which of course is freaking out business owners who don’t consider that if parking is too cheap, their customers won’t be able to find a space. (Click Orlando)
• A lot of disinformation is also going around about the Colfax Avenue bus rapid transit line in Denver and its supposedly “devastating” impact on businesses. (Westword)
• Dallas is considering expanding streetcar lines, but some council members have concerns about the cost. (KERA)
• Legal and political challenges continue to slow down Austin’s Project Connect transit plan, and meanwhile costs continue to rise. (Texas Tribune)
• The Texas DOT will not let Austin keep a Black Lives Matter mural or a rainbow crosswalk, not even a crosswalk honoring the University of Texas. (KUT)
• Portland’s $1 billion climate change fund — which has funded converting parking lots into community gardens, among other things — could serve as an example to the rest of the country. (Oregon Public Broadcasting)
• The Central City District in Philadelphia installed modular curbs to protect bike lanes on 13th Street. (Voice)
• Construction on Salt Lake City’s S-line streetcar extension will start this summer. (ABC 4)
• The Kansas City streetcar’s Riverfront extension will make it easier for soccer fans to get to Current games. (Star)
• The District of Columbia is a great place to go running. (Greater Greater Washington)

The shutdown of Spirit Airlines didn’t just ground flights. It exposed a deeper weakness in America’s transportation system: tens of millions of people rely on affordable travel, and we still don’t provide enough of it.

For students, workers, and families, low-cost travel isn’t a luxury. It is what keeps them connected to education, jobs, loved ones, and opportunity. When a carrier built around affordability disappears, the impact lands hardest on those with the fewest alternatives.

The lesson from the Spirit demise isn’t that affordable travel is fragile. It’s that we have not built a system designed to reliably support it.

Affordable travel is still too often treated as a compromise, rather than a core part of broader mobility.

Recommended Sustainable Transportation Can Ease the Affordability Crisis — And Help Climate Champions Win Streetsblog May 19, 2026

Maintaining affordability requires intentional design. Transportation modes must work together to increase competition and expand access. That means treating air travel, intercity buses, trains, and local transit as parts of a single mobility network rather than separate systems operating in parallel. When these intermodal connections are seamless for travelers, they expand options and protect freedom of choice. When they do not, the system effectively shrinks.

The gaps are most visible in how uneven and fragmented those connections are across the country. Outside major hubs, travelers often rely on whichever mode exists — not necessarily the one that best fits their needs. Some regions have limited air service. Others lack rail. And in too many places, moving between modes adds friction, cost, or uncertainty that discourages travel altogether.

This comes at a time when transportation costs are rising across the board, making low-cost options more essential, not less.

Recommended This Holiday Travel Season, It’s Time to End the Stigma Around Intercity Buses Kai Boysan December 23, 2025

Ground transportation is one of the most scalable ways to close that gap. Intercity buses already connect communities airlines have left behind, linking small towns to major cities year-round at prices that remain accessible even as airfares rise. But their impact is limited when they operate in isolation.

Improving affordability is not just about the availability of service. It’s about whether people are able to easily access it.

We need multimodal hubs where buses, trains, airports, and local transit connect in simple, intuitive ways. We need collaboration to create more stations that are safe, modern, and conveniently located. And we need transportation planning that treats intercity buses and other ground options as essential infrastructure and part of the transportation ecosystem, not an afterthought.

Recommended Trump Is Holding Affordable Transportation Projects Hostage, and Congress Could Call His Bluff Kea Wilson May 7, 2026

The economic stakes are real. Transportation costs have risen sharply, and many households no longer have room to absorb higher prices.

For millions of Americans, the choice is not between a cheaper seat and a more comfortable one; it is between traveling and not traveling at all. When lower-cost options disappear, participation in work, education, and family life becomes harder to sustain.

A resilient mobility system does not depend on any single mode. It depends on multiple affordable options that reinforce one another. That is how access to opportunity becomes less dependent on income or geography.

The shutdown of Spirit Airlines is a reminder that affordability is not a niche concern. It is central to how Americans move through their lives, and it underscores the need for a transportation system built as a connected intermodal network rather than a set of isolated parts. Affordable travel is not a fallback. It is what makes broad mobility possible.

Diversity Makes America Great.